Informamos a los matriculados/as y a toda la comunidad la sentencia dictada el pasado 19 de diciembre de 2022 por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, en la causa que fuera iniciada a partir de la denuncia efectuada por esta Institución contra una funcionaria del Municipio de Ituzaingó, que ejerció ilegalmente la profesión veterinaria sin contar con título habilitante ni encontrarse matriculada.
En el marco de dicha causa, y luego de que el Fiscal a cargo y el Juzgado de Garantías intervinientes resolvieran elevar la misma a juicio, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, integrada por los jueces Fernando Gabriel Bellido, Fabian Cardoso y Diego Matías Grau decidió sobreseer a la denunciada por el delito de usurpación de títulos.
En un fallo inaudito, la Cámara de Apelación confundió la ley aplicable, desatendiendo injustificadamente los claros lineamientos de nuestro decreto ley 9686/81, para considerar de aplicación – y de manera sorpresivamente equivocada – la ley 14.072 que regula el ejercicio de la medicina veterinaria en la Capital de la República, territorios nacionales y lugares sujetos a jurisdicción nacional.
La errada aplicación normativa, constituye un claro atropello a los intereses profesionales, pero también un injustificado avance contra las competencias originarias de la Provincia de Buenos Aires.
Además de aplicar una normativa que no corresponde a la jurisdicción provincial, la Cámara de Morón efectuó una interpretación disparatada de la misma, concluyendo que cualquier funcionario público no profesional se encuentra en condiciones de ejercer la medicina veterinaria.
Lo cierto es que el Tribunal interviniente desconoce llamativamente que – más allá de la ley aplicable – para el ejercicio de la medicina veterinaria en todo el territorio nacional es necesario contar con título universitario y con matrícula habilitante, constituyendo ejercicio ilegal en los términos del artículo 247 del Código Penal, toda conducta que no se ajuste a dichos requisitos.
Lo decidido por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, además de constituir un atentado contra la Salud Pública, un atropello contra la profesión veterinaria y un desconocimiento de las competencias provinciales, resulta ser un escándalo jurídico sin precedentes, que merece el repudio de esta Institución.
Por todos esos motivos, este Colegio de Veterinarios y la Fiscalía interviniente recurriremos el lamentable fallo dictado, persiguiendo restaurar todos los daños y bienes jurídicos que el mismo lesiona.
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